En una importante decisión sobre reclamos bajo la Ley Helms-Burton, un tribunal de apelaciones de EE. UU. anuló una sentencia que obligaba a cuatro compañías de cruceros a pagar una millonaria multa por el uso de propiedades confiscadas en el puerto de La Habana en 1960.
El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, con sede en Atlanta, revirtió una decisión de la jueza federal Beth Bloom, quien había dictaminado que Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian debían pagar $439 millones por usar instalaciones del puerto confiscadas a la Havana Docks Corporation entre 2015 y 2019. El fallo del panel de tres jueces fue de 2-1, con el voto clave del juez cubanoamericano Adalberto Jordan. El juez disidente, Andrew Lynn Brasher, apoyó la interpretación de la jueza Bloom sobre la Ley Helms-Burton.
El tribunal concluyó que los derechos de propiedad de Havana Docks habían expirado para el momento en que ocurrieron las acciones de las líneas de cruceros, lo que anuló la responsabilidad de las compañías por tráfico de propiedades confiscadas. El fallo representa una victoria significativa para las empresas de cruceros y plantea dudas sobre la viabilidad de futuras demandas bajo esta legislación.
El caso, presentado por Mickael Behn, miembro de la familia propietaria de Havana Docks, fue uno de los muchos iniciados tras la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte de Donald Trump en 2019. Las opciones para los demandantes incluyen una posible apelación ante el pleno del tribunal o acudir a la Corte Suprema, aunque las probabilidades de éxito son bajas, según expertos legales.
El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, con sede en Atlanta, revirtió una decisión de la jueza federal Beth Bloom, quien había dictaminado que Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian debían pagar $439 millones por usar instalaciones del puerto confiscadas a la Havana Docks Corporation entre 2015 y 2019. El fallo del panel de tres jueces fue de 2-1, con el voto clave del juez cubanoamericano Adalberto Jordan. El juez disidente, Andrew Lynn Brasher, apoyó la interpretación de la jueza Bloom sobre la Ley Helms-Burton.
El tribunal concluyó que los derechos de propiedad de Havana Docks habían expirado para el momento en que ocurrieron las acciones de las líneas de cruceros, lo que anuló la responsabilidad de las compañías por tráfico de propiedades confiscadas. El fallo representa una victoria significativa para las empresas de cruceros y plantea dudas sobre la viabilidad de futuras demandas bajo esta legislación.
El caso, presentado por Mickael Behn, miembro de la familia propietaria de Havana Docks, fue uno de los muchos iniciados tras la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte de Donald Trump en 2019. Las opciones para los demandantes incluyen una posible apelación ante el pleno del tribunal o acudir a la Corte Suprema, aunque las probabilidades de éxito son bajas, según expertos legales.
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